Formación

En las últimas décadas, los países latinoamericanos han progresado considerablemente en el establecimiento de gobiernos constitucionales y en la protección de los derechos humanos. No obstante, en su conjunto, la democracia en América Latina sigue siendo deficitaria: las instituciones que protegen el Estado de Derecho y los derechos humanos continúan siendo débiles. Asimismo, ciertos rasgos autoritarios persisten en algunos órganos del Estado y la exclusión social experimentada por muchas personas de nuestros países es significativa, limitando en gran medida el ejercicio de distintos derechos humanos. Como resultado, los desafíos actuales más preponderantes incluyen el fortalecimiento de las instituciones democráticas ya existentes y el fomento de una cultura de respeto de los derechos humanos, la transparencia, la participación política y el buen gobierno.

Un método eficaz para abordar los retos de la región es a través de la incorporación y aplicación de estándares de derecho internacional de los derechos humanos a nivel estatal. Estos estándares, provenientes tanto de los instrumentos y organismos de Naciones Unidas como de la OEA, se han vuelto cada vez más relevantes para nuestros países.

Con el fin de incorporar y aplicar los estándares de derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno, los profesionales del Estado y la sociedad civil deben estar capacitados en el uso del derecho internacional de los derechos humanos. Estos actores requieren de las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para fortalecer el Estado de Derecho y las agendas de derechos humanos, así como también apoyo por medio de relaciones regionales organizadas y de estrategias coordinadas.

Por ello, uno de los objetivos prioritarios de la Fundación Diálogo Jurisprudencial es desarrollar actividades de formación que permitan a estos actores acceder a las herramientas señaladas. En este sentido, trabajamos desarrollando seminarios, charlas y cursos de formación altamente especializados y dirigidos a formar una masa crítica que coadyuve en el proceso de incorporación y aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en el ámbito interno.